A propósito del informe anual confeccionado por la Comisión Provincial por la Memoria
Por Lucía Ivorra
El día 27/8/2020 la Comisión Provincial por la Memoria presentó por medios digitales su informe Anual -El sistema de la crueldad nro.14- que como todos los años arroja datos alarmantes y da cuenta del carácter estructural de la violencia estatal desplegada en forma selectiva hacia los sectores más vulnerados de la población, como parte integral de los gobiernos electos en la provincia de Buenos Aires, desde hace al menos 20 años, y profundizado por la alianza cambiemos durante el periodo 2015/2019. Como señala Wacquant, en Las Dos Caras de un Gueto, “para implementar la revolución neoliberal, los Estados pasaron de la regulación de la asistencia social a la administración penal de los excluidos de la sociedad de mercado, que tiende a asimilar a un subproletario urbano con un paria abominable”.
Es notorio como se hace cada vez más difícil instalar la razón y empatía en debates vinculados a la seguridad. Observamos una expansión en el tejido social que reacciona desde el miedo al otro, a aquel estereotipo construido como enemigo, como distinto y peligroso. Han proliferado las políticas de mano dura y los reclamos en clave punitiva que prometen resultados en breve tiempo y vociferan desde el odio y la negación del otro/a como sujeto/a de derecho, ciudadano/a. Su convalidación por parte del poder judicial y la cobertura otorgada por los medios de comunicación desde el plano simbólico y desde su rol de construir opinión pública, apelan al sensacionalismo, aportando a la estigmatización, la anulación del otro/a criminalizado /a.
Desde la perspectiva de la doctrina de las nuevas amenazas – principalmente el narcotráfico y terrorismo- se han construido diversas legislaciones que posibilitan un entramado que instituye un esquema de control social, basado en la restricción de derechos y garantía para “el otro/a”, identificado como enemigo, el no ciudadano/a.
En ese sentido, un gran revés para la cultura democrática y el paradigma de la inclusión ha sido la sanción de legislación represiva de corte demagógico.
A modo de ilustración, puede pensarse en la limitación de las excarcelaciones y de la prisión preventiva, la policiación de los territorios impulsada por Scioli, hasta la seguidilla de reformas instauradas por el macrismo. En el año 2017, se ha modificado por decreto la ley 25.871 de migraciones [1] y la ley de ejecución penal nacional [2]. En el año 2018, se instituye la llamada “Doctrina Chocobar”, que legitima el abuso de poder en la intervención de las fuerzas de seguridad. El decreto 683, que dispone que las FFAA puedan intervenir en la seguridad interior y la resolución 956, que amplía la capacidad de fuego de las fuerzas federales.
Así, se observa que como solución a las conflictividades sociales se ha recurrido a políticas autoritarias y maniqueas que proponen como estrategia la militarización y ocupación de territorios vulnerados por parte de las fuerzas de seguridad, siendo el resultado de estas políticas, el aumento significativo de personas privadas de la libertad en las cárceles bajo condiciones de detención inhumanas y degradantes.
Los principales seleccionados por el poder punitivo son jóvenes pobres. Del informe de la CPM surge que en el año 2019 se alcanzó el triste record histórico de más de 50.000 personas privadas de la libertad en cárceles bonaerenses, habiéndose elevado los niveles de prisionización a 298 personas cada 100.000 habitantes.
A su vez, durante el año 2019 se relevaron más de 12.000 casos de tortura y malos tratos y 148 muertes bajo custodia en las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Otro dato significativo es que el 92% de las detenciones efectuadas por fuerzas de seguridad el pasado año, han sido arbitrarias y responden a aquellas detenciones producidas por el llamado “olfato policial”. A su vez, se registraron 134 muertes producto de la violencia policial, dando como resultado 11 muertes por mes o 1 cada 65 hs.
El poder judicial opera como gestor de la violencia policial. Así, se expresó que de 85 muertes causadas por agentes policiales judicializadas, solo 4 fueron investigadas como homicidios, por parte del Ministerio Publico Fiscal cuyo Procurador General, Julio Conte Grand, pese a la sanción de la ley provincial nro. 14.687/2014 -que ordena la creación de fiscalías especializadas en violencia institucional- aún no ha arbitrado los medios para su materialización. Ello, dificulta el acceso a la justicia para víctimas de estas prácticas constitutivas de violencia de Estado, como también, el avance de las investigaciones iniciadas por la falta de impulso de los agentes Fiscales.
NECESIDAD DE RESIGNIFICAR EL ACUERDO DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
Como corolario de lo aquí señalado, teniendo en cuenta que los alarmantes datos sistematizados e informados por la CPM responden a las políticas criminales y de seguridad implementadas por los distintos gobiernos que detentaron el Estado de la provincia de Buenos Aires en los últimos 20 años y que la tortura es una realidad y una práctica sistemática que forma parte de un programa integral que recurre a la violencia y precariedad para gobernar poblaciones vulneradas y marginalizadas, resulta urgente la construcción de nuevas políticas que regulen el accionar de las fuerzas de seguridad, para reducir su autonomía y nivel de letalidad y apelar a la construcción de políticas diseñadas desde paradigmas que valoren la vigencia de los derechos humanos para fortalecer la democracia. Desde esa óptica, las políticas de inclusión apuestan por reducir los niveles de desigualdad social, fortaleciendo el acceso a derechos y posibilidades para todos y todas, como dijo Sandra Raggio -integrante de la mesa ejecutiva de la CPM-, “cuando hay vigencia de los derechos humanos todes somos más felices”.
Es por ello, que volvemos a expresar que deviene ineludible y urgente poner en la agenda pública el Acuerdo de Seguridad Democrática, para hacer frente a los discursos autoritarios e irracionales. Debemos impulsar un debate plural que desnaturalice prácticas represivas y desmienta falsas promesas declamativas. Al mismo tiempo, hay que fortalecer la organización colectiva, la participación política/ciudadana y exigir -como imprescindible- la decisión institucional de impulsar políticas públicas de inclusión efectivas, tal como plantea el Acuerdo: “La manera eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad. Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información es también una responsabilidad indelegable del Estado.”[3]
La continuidad en las prácticas represivas observadas durante estos tiempos de pandemia, con un amplio margen de aceptación social, deben llevarnos a hacer eje en las iniciativas llevadas adelante por el Gobierno Nacional, entre ellas, el impulso de la ley contra la violencia institucional[4], por parte de la Ministra Sabina Frederic y el Secretario de Derechos Humanos, Pietragalla Corti, dan un margen de esperanza para avanzar en consensos hacia una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.
1 “En términos generales, el decreto 70/2017 introduce impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina. El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia”. https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/02/Migraciones-QyA-1.pdf
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