Las TICS, servicios públicos esenciales

Publicado este sábado en el boletín oficial, el decreto 690/20 reconoce que la TV paga, internet y la telefonía móvil forman parte del universo de derechos humanos básicos en la era de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). Y que, para garantizar condiciones mas equitativas de acceso, es necesaria la intervención del Estado a través de un marco regulatorio acorde.

Para algunes resultó sorpresivo, menos para las distintas organizaciones y referentes que vienen reclamando desde hace años la democratización en las condiciones de acceso a las TIC'S, para achicar la mentada brecha digital.

El decreto de necesidad y urgencia publicado hoy se complementa con la Resolución ENACOM 867/2020, la cual contempla una inversión de $ 3.000 millones de pesos del Fondo de Servicio Universal para aumentar la capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica, a través del Programa de Aumento de la Capacidad de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO).

La medida constituye una paso relevante para recuperar el rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones, totalmente desregulado durante los años de la gestión Cambiemos.

Entre sus considerandos, define con claridad la necesidad de "recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".

La tres decisiones que expresan dicho aserto lo avalan: congelamiento de tarifas hasta fines de 2020, Regulación del Estado (en el marco del Programa Argentina Digital) y la implementación de una Tarifa Básica Universal (para los sectores de menores recursos, tarifa inexistente en la actualidad).

En este aspecto, es relevante destacar el cumplimiento de los mandatos expresados en los artículos 42 y 75 de nuestra Constitución, que confieren derechos en materia de educación y protección ciudadana, entendiendo que el acceso equitativo a los datos implica necesariamente ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento.

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