En los primeros días del corriente año, la concejala radical Vilma Baragiola presentó un proyecto de ordenanza que tiene por finalidad modificar la norma que dispone la creación de un Registro Municipal de Cuidadores de Vehículos en Mar del Plata, que data del año 1964.
Esta iniciativa instaló en la agenda pública marplatense un debate en torno a las tareas llevadas a cabo por las y los trabajadores del cuidado de vehículos, como también evidenció la necesidad de avanzar en la regulación de la actividad. Consideramos oportuno el actual contexto para profundizar el debate, dejando de lado posiciones demagógicas o punitivistas para partir de la base de que la labor efectuada por les “cuidacoches” es un trabajo y efectivamente un servicio, y que como tal debe ser reconocido, teniendo como horizonte la premisa de ampliar derechos.
Siguiendo esta línea, desde el Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario (IAPI) hemos realizado un análisis comparativo de legislaciones similares, vigentes en distintos municipios y ciudades del país, así como del sistema implementado en el Departamento de Montevideo (Uruguay) y del proyecto presentado por la edil radical y el concejal Agustín Neme, integrante de Vamos Juntos. A través de su cotejo, logramos identificar las principales propuestas y sus fundamentos. Elegimos como primera aproximación al tema indagar a través de la lectura de diversas notas publicadas en portales de noticias, como también de material audiovisual que refleja los debates en diversas localidades por parte del sector comprometido –cuidacoches-, ediles, organizaciones sociales y vecinos. Luego, en una segunda instancia, se realizó una búsqueda de los proyectos presentados y los sistemas vigentes en cada Municipio seleccionado.
La tarea de cuidado de vehículos ¿es un trabajo?
Una primera exploración sobre el asunto nos permite entender que en gran cantidad de municipios el debate se origina (al menos en los últimos 4 años) por la urgente y necesaria actualización y regulación de los sistemas de cuidado de vehículos para todes les actores involucrades. Asimismo, identificamos que para evaluar desde dónde y para qué se impulsan diversos proyectos, debe ponerse sobre la mesa la concepción que cada actor implicado posee respecto de la actividad en sí misma, esto es, si es considerada un TRABAJO o si, por el contrario, es calificada como una situación informal /circunstancial que debe superarse. Desde IAPI, adherimos a la postura que sostiene que las personas que desarrollan la actividad de cuidar coches son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por esta razón, el Estado debe brindar un piso de derechos y condiciones laborales para su desarrollo.
Observaciones a los proyectos presentados por el oficialismo local.
Sostenemos que los fundamentos por los que el bloque radical impulsó el debate acerca de la reglamentación del cuidado de vehículos no tiene que ver con adecuar la actividad ni para dotar de mayores derechos al sector, puesto que no incorpora ninguna innovación respecto de legislación vigente. Por el contrario, intenta crear un “Registro de Control e Identificación” a cargo de la Subsecretaría de Seguridad del Partido de General Pueyrredón, que exija como condición excluyente para desempeñar la actividad el Certificado de Antecedentes Penales. A través de estas dos propuestas, apunta a paliar “incidentes y actos de violencia generados en muchos casos por personas que arriban a la ciudad –en época estival- a desarrollar dicha actividad y hasta la utilización del estacionamiento público sin autorización alguna”.
En la misma línea, pero con ribetes aún más restrictivos, el concejal Agustín Patricio Neme -integrante del bloque Vamos Juntos- presentó su proyecto que también incorpora entre los requisitos de admisión a la actividad el certificado de antecedentes penales. A su vez, conforme lo plasmado en el artículo 5, excluye el acceso a registrarse, a aquellas personas que alcanzadas por algún tipo de patología o discapacidad que a criterio de la Secretaría de Salud del Municipio no se encuentren en condiciones de ejercer debidamente las funciones establecidas, o que reciban por parte del Estado Nacional, Provincial o Municipal, algún tipo de subsidio, subvención, asistencia o ayuda económica de cualquier índole, y que cuyo importe supere el de un salario mínimo, vital y móvil, entre otras, lo que dejará a muchos de los cuidadores de coche en actividad sin posibilidad de inscribirse en el nuevo registro.
Por último, resulta alarmante lo propuesto por el edil en el artículo 10 -último párrafo-, en cuanto ordena a la autoridad de aplicación que “deberá desarrollar un software que le permitirá al permisionario contar con un “botón de alarma” a los fines de dar aviso respecto de la comisión de algún ilícito cometido delante de su presencia. Dicha señal de emergencia será derivada en forma instantánea a las fuerzas del orden a fin de que tomen debida intervención en el episodio”, siendo tal disposición de carácter obligatorio. Cabe resaltar, que tal precepto es abiertamente inconstitucional ya que no puede delegarse en civiles tareas de seguridad ni obligaciones que, en todo caso, corresponde sean asumidas por funcionarios/as públicos/as, más allá de los deberes constitucionales que tienen los y las ciudadanas de colaborar con la administración de justicia y obrar conforme al principio de solidaridad, máxime cuando no ofrecerán capacitaciones vinculadas a la seguridad, respeto de los derechos humanos o similar.
En base a lo expuesto, consideramos que ninguno de los proyectos presentados por el oficialismo, contempla la perspectiva de relación laboral, ni aporta a la ampliación de derechos, sino que se plasma desde una visión estigmatizante, que no aporta innovaciones y hasta delega tareas de seguridad o vigilancia pública en particulares.
Al respecto expresamos que las presuntas soluciones brindadas, resultan contrarias al propósito invocado y de implementarse, se correría el riesgo de contribuir a nuevas situaciones de violencia, ya que no sólo no se regula la actividad, sino que agravia al sector y se excluye a aquellos que efectivamente posean antecedentes penales, sean discapacitados, pensionados, beneficiaros de los derechos de la seguridad social, etc, lo que resulta discriminatorio e inconstitucional.
Si bien no profundizaremos sobre el punto, sí es necesario señalar que a pesar de que en el ámbito público y privado suele ser práctica habitual la solicitud del certificado de antecedentes penales, lo cierto es que se convierte en el principal obstáculo para acceder al mercado laboral de las personas que han estado privadas de su libertad, lo que colisiona con principios constitucionales que enseñan que el fin de la pena debe ser la integración social del condenado. En esa inteligencia, debe tenerse en claro que el sentido por el cual el instrumento fue creado se reduce a la utilización interna del Poder Judicial a los efectos de la reincidencia -decreto/ley 22.217 (1979).
Un proyecto colectivo.
Intercambio de visiones con otras organizaciones y espacios a fin de construir un proyecto colectivo para la regulación del trabajo de las y los cuidadores de vehículos.
En Febrero del corriente año desde el IAPI hicimos público el informe que incluía la comparativa de legislaciones vigentes y propuestas para una ordenanza en clave de ampliación de derechos, el mismo fue presentado al Concejal Roberto Gandolfi y a la rama cuidacoches de UTEP - Evita, quienes por esos días emprendian la tarea de un “censo” entre trabajadoras y trabajadores del sector.
Días más tarde, nos reunimos junto a compañeros de la rama cuidacoches del MTE- UTEP y con la Concejala Sol de la Torre a fin de intercambiar visiones en búsqueda de ampliar derechos para las y los trabajadores del sector. En ese marco, desde desde el IAPI se propuso la construcción de un proyecto de ordenanza colectiva que se adecue a los nuevos tiempos.
Así las cosas, a fines del mes de junio los concejales Roberto “Tata” Gandolfi, Sol De La Torre y Marcos Gutiérrez presentaron un proyecto para la creación de un “programa de registro y reglamentación de cuidadores y cuidadoras de vehículos” que es el resultado del trabajo conjunto de las organización gremial de la rama (UTEP), el Instituto de Acción y Pensamiento Interdisciplinario, el Grupo Oleada y los equipos legislativos del Frente de Todos, quienes acordaron una serie de puntos que tienden a regularizar la actividad.
Entre los principales puntos se destacan la creación de un registro bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Productivo, quien será la encargada de otorgar los permisos para desarrollar la actividad en una zona determinada y bajo la modalidad de “pago voluntario''. Prevé capacitaciones de carácter OBLIGATORIO con temáticas variadas y perspectiva de género.
El enfoque se encuentra enmarcado claramente desde la perspectiva de la inclusión, haciendo hincapié en el bienestar del sector, pensado desde los y las trabajadoras. Se da prioridad a personas mayores de 40, a personas con discapacidad, a madres solteras (Art. 26).
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