Basta de estafas en los servicios públicos

Asociaciones de inquilinos e inquilinas de la provincia de Buenos Aires reclamaron una readecuación en las tarifas de los servicios públicos que refleje el costo legítimo de brindar un servicio de calidad.

Mediante un comunicado indicaron que "Durante los cuatro años anteriores los inquilinos de nuestro país hemos sufrido el accionar de Juan José Aranguren, ex ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri, quien implementó políticas de expoliación injustificada del pueblo argentino, con aumentos de más del 2000% en las tarifas de agua, gas y electricidad, aumentos que no se vieron reflejados ni en mayores inversiones, ni en una mejora de la calidad o el alcance de estos servicios."

Más allá de la aprobación de la Ley Nacional de Alquileres que introduce regulaciones imprescindibles para garantizar el derecho a la vivienda es necesario que se revise la incidencia de los servicios públicos en el ingreso familiar para que cumplan su función de bien público y dejen de ser un negocio especulativo de unos pocos a costa de las mayorías.

Hoy el aumento de los servicios públicos sumado al costo del alquiler representan hasta el 50% de lo que destina una familia inquilina para tener una vivienda digna, un valor que consideramos desproporcionado y que ha demostrado ser injustificado en las audiencias públicas convocadas en su momento. Por ello consideramos urgente la readecuación de las tarifas, revisión de los contratos con las empresas de servicio público y, en caso que corresponda, revocación de los mismos.

Por otra parte en el cálculo de la canasta básica no se considera lo que se paga de alquiler, con lo cual la situación de las inquilinas y los inquilinos, con una creciente pérdida de ingresos, cada vez más empobrecidos y endeudados, ni siquiera se ve reflejada en las cifras oficiales de pobreza. Atendiendo a esto pedimos la implementación de una tarifa social para inquilinos, insistimos en la prórroga el Decreto 320/2020, como así también avanzar con políticas que morigeren los impactos socioeconómicos de la pandemia COVID-19, con la participación de las organizaciones del sector conjuntamente con los organismos estatales pertinentes.